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CONCLUSIONES JORNADAS COLEGIOS DE ABOGADOS CLM. CIUDAD REAL SEPTIEMBRE-2.014

     

 

 

1ª PONENCIA:

 

A.- ACTUACIONES Y CRITERIOS DE LA COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA SOBRE LOS ABOGADOS Y LOS COLEGIOS:

 

Los órganos rectores de la Competencia, tanto en su ámbito nacional como regional, deben ponderar  las especialidades en el ejercicio de nuestra profesión y tener en cuenta las desmesuradas cuantías de las sanciones a imponer en la materia.

 

Dichos órganos deberían interpretar adecuadamente la práctica diaria de nuestra profesión y aplicar criterios generales compatibles con la auténtica misión de la Abogacía y la función social que realizan los Colegios de Abogados.

 

No debe confundirse el servicio público prestado en el Turno de Oficio con el ejercicio libre de la profesión, debiéndose tener en cuenta que los Colegios de Abogados en la organización de dicho Turno son meros instrumentos de la Administración.

 

Debe mantenerse la actual competencia territorial de los Colegios de Abogados en materia de justicia gratuita, ya que el vigente sistema acerca la defensa al ciu

dadano beneficiario de la misma, evitándole traslados prolongados e incómodos y costas innecesarias.

 

De aprobarse definitivamente la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en los términos del anteproyecto, el justiciable va a ver gravemente lesionados sus derechos, viéndose obligado a trasladarse fuera de su domicilio para tratar su asunto con el Abogado designado.

 

Los Colegios de Abogados respetan escrupulosamente la normativa en materia de Competencia, tanto de ámbito nacional como comunitario, en el primer caso por los motivos desarrollados en la Ponencia y en el segundo por respetar la Directiva Comunitaria de Liberalización de Servicios del Parlamento Europeo y del Consejo.

 

Los precios medios que estadísticamente resulten de honorarios, deberían configurarse como herramienta para que el ciudadano pueda tener conocimiento del precio medio del servicio, sin perjuicio de los pactos que puedan establecerse al respecto en la relación entre profesional y cliente.

 

 

B.- ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES:

 

La limitación de las cuotas colegiales y la regulación de los fines a que deben destinarse harán imposible el sostenimiento de los Colegios y el cumplimiento de los fines que éstos deben alcanzar, tanto por imposición de la ley que se aprueba como por su propia razón de ser.

 

La posibilidad de disolución de los Colegios como función de la Administración Pública competente, estableciendo un régimen tutelar que atenta contra la propia naturaleza de la institución y por su falta de concreción, deja abierta la puerta a la disolución arbitraria de los mismos por parte de la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas.

 

La colegiación obligatoria, pero no para todos, excluye sin justificación alguna un importante colectivo como es el de los Abogados de empresa o contratados por cuenta ajena, cuya labor profesional no se diferencia de la que desempeñan el resto de Abogados.

 

La supresión de la incompatibilidad en el ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador, produce un serio conflicto de intereses en la labor y funciones asignadas a los mismos en virtud de la regulación establecida por la Ley Enj. Civil y la L.O. Poder Judicial.

 

 

2ª PONENCIA: DESAPARICION DE LOS PARTIDOS JUDICIALES Y NUEVOS TRIBUNALES. LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL. TASAS JUDICIALES:

 

La supresión de los partidos judiciales en su configuración actual es totalmente desacertada, inadecuada y contraria al principio de cercanía al ciudadano que es el modelo adecuado que debe presidir la actuación de la Justicia.

 

La supresión de los partidos judiciales afectaría gravemente a los intereses de numerosas poblaciones y supondría una Justicia de mayor coste para el ciudadano que el sistema actual.

 

Para lograr una Justicia especializada no es necesario ni conveniente llevar a cabo una reforma tan profunda en la demarcación judicial como sería la de suprimir los partidos judiciales.

 

Existen multitud de actuaciones necesarias y preferentes en materia de Justicia que demandan soluciones mucho más urgentes que la pretendida reforma de la planta judicial.

 

Manifestamos rotundamente nuestro rechazo a la aplicación de las tasas en la Administración de Justicia porque violan el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, ocasionan situaciones de desigualdad en perjuicio de los más desfavorecidos, limitan el acceso a la Justicia, imponen unos costes al justiciable que desvirtúan la naturaleza de la tasa como retribución del servicio público y limitan también considerablemente el acceso a la segunda instancia.

 

 

3ª PONENCIA:

 

A.- PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA Y TURNO DE OFICIO:

 

Cualquier modificación del actual sistema de Justicia Gratuita ha de afrontarse desde el consenso con todos los operadores jurídicos y especialmente con la Abogacía, sobre la que recae principalmente su prestación. La falta de consenso conducirá, necesariamente, al fracaso en su aplicación.

 

El Proyecto de Ley no ha aprovechado la dilatada experiencia que en su aplicación tiene la vigente Ley 1/96 de Justicia Gratuita y pierde la oportunidad de dotar de una regulación ágil y moderna a este servicio público garantizado por la Constitución Española.

 

Crea nuevas barreras para el acceso a la Justicia que están demoliendo los pilares del actual sistema de democracia social.

 

El Proyecto supone un ataque contra la Abogacía, que presta un servicio público con profesionalidad y rigor, pero sin una digna compensación, ampliándose el número de preceptos sancionadores y mostrando una absoluta desconfianza respecto del abogado y del justiciable.

 

El refuerzo e incremento de las tareas de encomendadas a los Colegios de Abogados como corporaciones de derecho público, tanto en la prestación de los servicios a los ciudadanos como en la gestión del Turno de Oficio, no conllevan el imprescindible aumento de la dotación para compensar los gastos de infraestructura.

 

El nuevo régimen de responsabilidades y sanciones que se establece, viene a socavar la tradicional y acreditada independencia de los Colegios Profesionales de los poderes públicos y los partidos políticos.

 

La pérdida de la territorialidad de la prestación del servicio público del Turno de Oficio debilita el derecho a la tutela judicial efectiva, dificulta la relación entre abogado y cliente, y olvida la condición de servicio público del Turno de Oficio, iniciando el camino para la privatización del mismo.

 

Los defectos del Proyecto de Ley son tantos y tan graves que la Abogacía no puede apoyarlo, solicitando a los actuales gobernantes que escuchen la voz este colectivo que tiene encomendado por la Constitución el ejercicio del derecho de defensa.

 

B.- ASISTENCIA LETRADA AL DETENIDO:

 

Se propugna un cambio legislativo del art. 520 de la Ley Enj. Criminal, sobre todo teniendo en cuenta las prevenciones legales que al respecto se contienen en el art. 775 de dicha Ley y muy especialmente en los Tratados Internacionales, sobre el derecho del detenido en sede policial a entrevistarse reservadamente con su Abogado y con carácter previo a cualquier declaración o diligencia, en sede policial o judicial, así como a acceder en todo momento a las pruebas que amparan la acusación.

 

Los Estados deben incorporar al Derecho Nacional y dar cumplimiento a lo dispuesto en las Directivas Comunitarias en esta materia, obligándose a su trasposición dentro de los plazos expresamente previstos, llevando a cabo las adaptaciones o modificaciones legislativas que procedan, así como evitando interpretaciones y contradicciones en perjuicio de los ciudadanos.

 

Se propone la modificación legislativa del actual art. 520 de la Ley Enj. Criminal, contemplando expresamente la sanción de nulidad para cualquier tipo de declaración del imputado en sede policial o judicial que se efectúe sin la presencia de Abogado.

 

Una forma de potenciar el derecho a la asistencia letrada de los arts. 17.3 y 24.2 de la Constitución Española consistiría en eliminar o limitar los supuestos de renuncia válida actualmente previstos en la ley.

 

Sería oportuno promover desde el Consejo Gral. Abogacía Española o desde los Colegios de Abogados, un protocolo de actuación en materia de asistencia al detenido, si fuera posible consensuado con los representantes de los Cuerpos de Seguridad del Estado. 


 

Estatuto del Consejo de la Abogacía de Castilla la Mancha 

Actualmente en elaboración para ser adaptado a la legislación vigente y al nuevo Estatuto de la Abogacía.

Estatuto General de la Abogacía Española.

 

TÍTULO I 

CAPÍTULO ÚNICO 

De la abogacía y sus organismos rectores 

Artículo 1. 

1. La abogacía es una profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad en interés público y que se ejerce en régimen de libre y leal competencia, por medio del consejo y la defensa de derechos e intereses públicos o privados, mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídicas, en orden a la concordia, a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y ala Justicia. 

2. En el ejercicio profesional, el abogado queda sometido a la normativa legal y estatutaria, al fiel cumplimiento de las normas y usos de la deontología profesional de la abogacía y al consiguiente régimen disciplinario colegial. 

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